Litigio de Multas y Actos de Autoridad

Cuando la autoridad sanciona, el riesgo ya es economico, legal y operativo.

Este servicio está dirigido a quienes operan en dos de los sectores más vigilados en materia de prevención de lavado de dinero: el inmobiliario y el financiero no bancario. Ya sea que administres operaciones inmobiliarias, prestes servicios jurídicos relacionados, o dirijas una Sofom ENR, centro cambiario o transmisor de dinero, sabes que el cumplimiento normativo puede ser complejo… y que su omisión se paga caro.

En el sector inmobiliario, las multas por incumplir con la Ley Antilavado pueden superar los siete millones de pesos o alcanzar hasta el 100% del valor de la operación. Basta con no inscribirse en el padrón, presentar avisos fuera de plazo o aceptar pagos en efectivo por encima de lo permitido. Hay despachos sancionados, cuentas bloqueadas y negocios paralizados por no contar con la estructura adecuada.

Del lado financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha intensificado su vigilancia sobre Sofomes ENR, centros cambiarios y transmisores de dinero. Las infracciones más comunes incluyen no presentar reportes de operaciones relevantes, omitir auditorías o tener expedientes incompletos de clientes. Las multas van desde los $179,000 hasta casi dos millones de pesos, y pueden implicar amonestaciones públicas, restricciones operativas o la suspensión de actividades.

En todos los casos, el patrón se repite: errores administrativos que derivan en actos de autoridad, sanciones desproporcionadas, y una incertidumbre legal que pone en jaque la operación. Lo más delicado es que, muchas veces, el afectado ni siquiera sabía que había cometido una infracción… hasta que recibió el oficio.

Estrategia legal para contener, revertir y prevenir

Una multa o acto de autoridad no debe detener tu operación, pero sí exige una respuesta legal clara y estratégica. Nuestro despacho ofrece defensa jurídica especializada para enfrentar acciones derivadas de la Ley Antilavado y del régimen de prevención de lavado de dinero aplicable al sistema financiero no bancario.

Comenzamos con un diagnóstico legal de tu situación: revisamos el acto de autoridad, evaluamos si hubo errores de forma o fondo, o si la autoridad excedió sus facultades. Analizamos los plazos, los argumentos y, sobre todo, planteamos una defensa efectiva y viable.

Si se trata de una sanción del SAT por incumplimiento a la LFPIORPI, o de una resolución de la CNBV por fallas en reportes o controles internos, te ayudamos a presentar medios de defensa sólidos: desde recursos administrativos hasta juicios de nulidad y amparo, según el caso. Nuestro enfoque va más allá de la reacción: buscamos contener el daño, revertir la sanción cuando es posible y sentar bases legales para evitar reincidencias.

También te acompañamos durante todo el proceso legal: desde la respuesta inicial al requerimiento, hasta la representación ante tribunales, pasando por la integración de pruebas, estrategias argumentativas y atención a medidas precautorias como bloqueos o suspensión de actividades.

Sabemos que el cumplimiento normativo puede fallar, pero también sabemos que una defensa bien planteada puede marcar la diferencia entre una sanción irreversible y una resolución favorable. No se trata solo de litigar: se trata de proteger tu operación, tu reputación y tu continuidad empresarial. Con una estrategia legal sólida, es posible defender tu negocio y recuperar el control.

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