Al actuar en nombre de otros en operaciones como la gestión de recursos o inmuebles, adquieres responsabilidades en la regulación antilavado; es crucial entender tu exposición. Prestar estos servicios a terceros te sitúa en el centro de la operación. Sin cumplimiento legal, el riesgo es tuyo. En estas operaciones, no basta un buen trabajo; hay que sustentarlo.

Administrar inmuebles o representar a un cliente en operaciones inmobiliarias puede parecer solo un servicio de gestión. Pero la Ley Antilavado no lo ve así. Si recibes pagos, haces transferencias, pagas servicios o redactas contratos en nombre de otra persona, estás en el radar de actividades vulnerables.
Esto aplica tanto a empresas que administran rentas o propiedades, como a abogados que preparan contratos de compraventa o cesión de derechos sin ser intermediarios ni notarios. Si actúas en nombre y representación del cliente, tu actividad puede ser regulada y obligarte a identificarlo, documentar operaciones y reportar ante la UIF cuando se superan ciertos montos.
Uno de los mayores riesgos es no saber que tienes obligaciones. Por ejemplo, recibir pagos en efectivo, no identificar al beneficiario final o no llevar un expediente de operación. También es común que se acumulen rentas o cobros sin presentar aviso porque ninguna supera el umbral por sí sola, pero juntas sí lo hacen.
Además, hay casos reales en los que la UIF ha bloqueado cuentas por recibir pagos del extranjero sin documentación, o por administrar inmuebles sin contrato claro. Si no tienes estructura ni respaldo, una omisión puede leerse como complicidad, incluso sin intención.
No necesitas convertir tu operación en una oficina regulatoria. Pero sí necesitas estructura, procesos claros y asesoría especializada para cumplir sin complicarte. Nuestro despacho te ayuda a hacerlo desde una óptica práctica, enfocada en tu realidad profesional.
Primero revisamos cómo prestas el servicio: si actúas por contrato, si manejas recursos, si cobras rentas, redactas contratos o representas legalmente. Con base en eso, identificamos si estás dentro del supuesto del artículo 17, fracción XI de la LFPIORPI, y qué obligaciones se activan para ti.
Diseñamos un protocolo que te permite seguir operando, pero con blindaje: cláusulas contractuales, expedientes de cliente, identificación del beneficiario final, evidencia del origen de los pagos y documentación para demostrar tu cumplimiento. Si tus servicios implican administración de rentas, implementamos controles para evitar omisiones por acumulación o por pagos de terceros.
También te ayudamos a presentar los avisos correspondientes, conservar tus expedientes conforme a la ley y responder en caso de requerimientos. Y si ya enfrentaste una observación, podemos ayudarte a corregir o defender tu actuación.
La clave no está en dejar de prestar el servicio. Está en hacerlo con claridad, orden y legalidad. Así puedes seguir trabajando con confianza, respaldado por procesos que te protegen y acreditan tu cumplimiento.
Protege tu inversión cuidando desde el origen de las aportaciones hasta la escrituración de las unidados, documentando legalmente cada paso para evitar riesgos fiscales, reputacionales o penales y generar confianza ante terceros.
Vende con tranquilidad protegiendo legalmente cada operación. Ganas confianza, protección legal y seguridad para cerrar tratos sin frenar el proceso comercial.
Formaliza tu rol como intermediario para evitar responsabilidades ajenas. Te ayudamos a estructurar legalmente tu participación y cumplir sin afectar tu operación ni tu reputación.
Rentar inmuebles de alto valor, te podría hacer sujeto a obligaciones antilavado. Cumple desde el inicio y evita contingencias legales que pueden afectar tu patrimonio.
Identificar quién tiene el control real de una persona moral y las partes de un fideicomiso es una obligación del Código Fiscal. Cumplir esta obligación evita multas, auditorías y pérdida de credibilidad ante el SAT.
Enfrenta sanciones o actos de autoridad con una defensa jurídica sólida y especializada. Protege la operación de tu negocio frente a resoluciones del SAT, CNBV o UIF sin comprometer la continuidad comercial.
Prevé conflictos y soluciona controversias sin pasar por jueces y tribunales, resuelve disputas de forma legal, privada, efectiva y económica a través de justicia alternativa.
Recupera saldos a favor con respaldo legal y orden fiscal. Un trámite bien ejecutado mejora tu liquidez y refleja un cumplimiento sólido frente al SAT.
Y hagamos algo grande